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Fuente: cincodias.com

Un grupo de expertos en materia laboral reclama que la formación de trabajadores y desempleados, hoy en manos de sindicatos y patronal, se abra a las agencias privadas. Exigen su mejora mediante una mayor inversión pública y el copago de empresas y trabajadores.

El ámbito de la formación continua para trabajadores y parados lleva en manos de los sindicatos y la patronal desde 1992, cuando firmaron con el Gobierno el Acuerdo Tripartito. Ellos gestionan los fondos e imparten los cursos. Por eso, llama la atención que un grupo de expertos independientes, pero con algunos miembros ligados a la órbita de ambas partes, recomiende ahora que este área se abra a las empresas privadas especializadas en la materia.

El asesor del Consejo Económico y Social (CES) y ex secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, que ha coordinado el estudio, critica la falta de efectividad de las políticas de formación en España. Ésta cuenta con unos 2.100 millones de euros anuales, financiados con una cotización empresarial del 0,17%, un tercio de lo que se le dedica en Francia, por ejemplo. Para mejorarla, Gómez defiende la necesidad de una mayor inversión pública -pagada con impuestos- por parte de Estado y comunidades autónomas y de abrir la puerta a un sistema de copago en el que participe tanto la empresa como el trabajador. En el modelo propuesto, tanto unos como otros obtendrían, además, desgravaciones fiscales por los cursos que realicen.

“El esfuerzo realizado por el Estado en los estímulos fiscales para encarar la crisis podría dirigirse ahora hacia políticas de formación, ya que existen muchos desempleados que no encontrarán su empleo antiguo”, argumentó Gómez. Éste recomendó que, en este caso, los fondos deben redirigirse de forma “selectiva” a los colectivos con mayores problemas para acceder al mercado, como son los parados de la construcción o los mayores de 45 años.

En cuanto al papel de las empresas privadas, Gómez valoró muy positivamente el papel jugado por los agentes sociales hasta el momento, pero considera que existen ya “infraestructuras suficientes” para instaurar una formación impartida por compañías especializadas, bajo la gestión de sindicatos y patronal, que deberían articular las necesidades concretas de cada sector y empresa mediante la negociación colectiva.

Otro de los autores del informe, Jaime López Cossío, asesor de la confederación española de empresas de formación (Cecap), destacó la grave ausencia del factor formación en la actual negociación de la reforma del mercado de trabajo. Más teniendo en cuenta que este año prescriben los últimos acuerdos de educación profesional firmados por la patronal y los sindicatos. “Es el momento de reformar estas políticas dado su carácter estratégico de cara al futuro”, señaló.

Sólo se forma al 32% de los ocupados
España suspende en formación profesional respecto a la media de la Unión Europea. Mientras en ésta, más de la mitad de los asalariados recibe cursos de profesionalización, sólo el 32% de los trabajadores españoles accede a algún tipo de recorrido formativo. Los datos son aún peores en el caso de los desempleados, dado que la cifra de personas que ven mejorada su empleabilidad con algún tipo de preparación profesional es apenas del 13,8%.

Así lo refleja el informe Mejor formación para crear más empleo, que el citado grupo de expertos -financiados por la Fundación Élogos- ha presentado ante el Consejo Económico y Social. Esperan que sindicatos y patronal valoren la precariedad de la actividad formativa que se lleva a cabo en el país y tomen medidas al respecto. Otra de sus sugerencias es potenciar la educación a distancia apoyada en las nuevas tecnologías.
 

Fuente: elmundo.es

Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.
A pesar de los más de cuatro millones de parados que existen en España, hay sectores que no logran cubrir sus vacantes por la falta de especialistas.

Se necesitan profesores de aeróbic, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos e ingenieros, según el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC) del segundo trimestre de 2010, que elabora el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) con la información de las comunidades autónomas.

Para poder cubrir las plazas libres, los empresarios se ven obligados a contratar a profesionales de otros países y para ello, el CODC se convierte en un instrumento fundamental.

Se trata de un listado por provincias que los empresarios pueden consultar para contratar en origen a trabajadores extranjeros, siempre que las ocupaciones que se ofrezcan sean de difícil cobertura y no existan demandantes de empleo nacionales.

También faltan terapeutas e ingenieros
Los médicos de todo tipo, desde especialistas en medicina general hasta pediatras o incluso psiquiatras, y los enfermeros son profesionales difíciles de encontrar en seis comunidades -Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia-, además de Melilla.

Los problemas para hallar terapeutas ocupacionales afectan a las regiones de Asturias, Castilla y León, Galicia y Melilla y hay dificultades para lograr operadores de maquinaria de diferentes clases en Asturias, Canarias y País Vasco. Por su parte, también hay demanda de ingenieros de diversas clases (agrónomos e informáticos, sobre todo) en varias islas canarias y en Melilla.

Galicia es la Comunidad donde los empleos difíciles de cubrir resultan más llamativos. Así, en esta región faltan monitores de aeróbic, empleados de servicios funerarios y coordinadores de tiempo libre.

Además, según recoge el CODC, en virtud de un acuerdo con la Secretaría de Estado para el Deporte, deportista profesional y entrenador deportivo aparecen en todas las provincias españolas como ocupaciones de difícil cobertura.

También por un acuerdo con los agentes sociales del sector de la marina mercante, aparecen como empleos complicados de cubrir varias profesiones relacionadas con el trabajo marítimo, como la de maquinista naval o la de piloto de buque mercante.

Contratación nominal
Respecto a la forma de contratación que implica el CODC, es una contratación nominal, es decir, el empresario solicita un trabajador extranjero concreto, con su nombre y apellidos. Así, el proceso de reclutamiento y selección corresponde únicamente al empresario, quien podrá ayudarse de los servicios exteriores del Estado español.

Una vez conocido si la ocupación es considerada de difícil cobertura y habiendo encontrado ya al trabajador inmigrante no comunitario que desea contratar, el empresario deberá solicitar la autorización de residencia y trabajo. Se comprobará entonces que el empresario es solvente y está al corriente de sus pagos y que el extranjero que se quiere contratar no se halla irregularmente en España.

Fuente: expansionyempleo.com

Apenas un tercio de los jóvenes con discapacidad ha trabajado alguna vez o trabaja en la actualidad, y la mayoría de ellos podrían ser tan autónomos como el resto de los jóvenes si se dieran unas condiciones adecuadas de igualdad de oportunidades.

Esta es una de las principales conclusiones del informe de situación 2010 sobre “Los Jóvenes con Discapacidad en España”, editado por el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), con el patrocinio de Fundación Barclays.

La necesidad de normalizar los contextos de formación, de inserción laboral y de accesibilidad a todo tipo de entornos, bienes, servicios y productos de los jóvenes con discapacidad es otra de las reflexiones destacadas en este trabajo.

En general, tres son los elementos tenidos en cuenta para explicar la realidad y necesidades de los jóvenes con discapacidad en España: género, edad y tipo de discapacidad.

Respecto al género, el documento afirma que en las generaciones más jóvenes permanecen elementos de desigualdad entre varones y mujeres, aunque también surgen algunos espacios en los que dichos elementos desaparecen, sobre todo en lo relativo al acceso a la educación.

Respecto a la edad, en la población joven con discapacidad se encuentran diferencias significativas respecto a situación y necesidades entre los que se encuentran cerca de los 20 años y los que se aproximan a los 30.

En el segundo grupo se hacen más evidentes las dificultades de acceso a recursos que facilitan la vida autónoma, como el empleo y la vivienda.

Las personas con discapacidad entre 16 y 30 años presentan niveles educativos inferiores a los de los jóvenes sin discapacidad de su misma edad, pero hay evidencias de una mejora en el ámbito educativo en los últimos años, sobre todo en la reducción acusada del analfabetismo de los más jóvenes frente a los más mayores.

Respecto al trabajo, en muchas ocasiones los empleos a los que acceden los jóvenes con discapacidad son poco cualificados y mal remunerados.

Además, las variables personales (edad, sexo y nivel cultural) también condicionan las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes con discapacidad.

El factor género en este ámbito tiene una incidencia visible, pero no drástica, y existen dos actividades que siguen siendo realizadas casi exclusivamente por mujeres, también en el tramo de edad de la población joven: tareas del hogar y trabajos sin remunerar.

Por tipos de discapacidad, las personas con discapacidades de la audición son las que presentan mejores cifras en tasas de actividad y paro, acercándose en esto a las de la población general.

Y las personas con discapacidades de la comunicación y la interacción son las que presentan índices más altos de inactividad laboral y desempleo.

Las medidas de fomento del empleo específicas para personas con discapacidad, si bien muestran resultados positivos allí donde se aplican, en general están muy poco generalizadas a la población joven con discapacidad.

En este ámbito, el informe concluye que resulta preciso ampliar, enriquecer y mejorar las medidas de fomento de empleo, también en el ámbito del autoempleo y la creación de actividad empresarial.

Fuente: europapress.es

La economía española creará algo más de 1,4 millones de empleos en la década 2010-2020, frente a los casi 2,5 millones de puestos de trabajo que generó entre los años 2000 y 2010, según el informe  ‘Oferta y demanda de capacidades en Europa: perspectivas a medio plazo hasta 2020′ elaborado por el Centro Europeo para el desarrollo de la formación profesional (Cedefop).

Siguiendo la tendencia de otros países europeos, los empleos que creará España en esta década se centrarán en ocupaciones de alta y media cualificación, ya que las de baja cualificación experimentarán, no sólo en España sino en toda Europa, un descenso notable en los próximos diez años.

En concreto, la economía española generará 1,2 millones de empleos de media cualificación en esta década y más 1,4 millones de puestos de trabajo de alta cualificación. Sin embargo, se dejará por el camino casi 1,3 millones de empleos de baja cualificación.

Así, en el informe se estima que se destruirán 382.000 empleos en España dentro del comercio y la artesanía en los próximos diez años, mientras que el sector industrial perderá 52.000 puestos de trabajo y la agricultura y la pesca 105.000 empleos.

Frente a estos descensos, se registrarán aumentos de la ocupación en técnicos y cuadros (796.000 nuevos empleos hasta 2020), en el sector servicios (497.000), en ocupaciones elementales (289.000), directivos (211.000), profesiones liberales (90.000) y administrativos y empleados (70.000).

En total, la fuerza laboral española estará compuesta en 2020 por 20,3 millones de trabajadores, de los que 5,7 millones estarán empleados en actividades de baja cualificación; 6,06 millones se ubicarán en empleos de media cualificación, y 8,4 millones trabajarán en puestos de alta cualificación. 

El estudio de Cedefop, difundido hoy con motivo de la celebración de una conferencia europea en Barcelona con la asistencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es una radiografía de las perspectivas del empleo en Europa durante la presente década, y constata que la creación de empleo en los países miembros de la UE pasa por ocupaciones en sectores emergentes y en transformación, que requerirán una mejor preparación, no sólo académica, de los trabajadores.

LOS 27 CREARÁN 7 MILLONES DE EMPLEOS HASTA 2020.
El informe señala que para competir en el mercado global, Europa necesita generar productos y servicios más innovadores y de mayor calidad. Asimismo, observa el surgimiento de nuevas ocupaciones al albur de la tecnología, la innovación, el cambio demográfico y las estrategias climáticas, que están generando nuevas demandas.

A nivel europeo, en el estudio se prevé que los Veintisiete generen cerca de 7 millones de empleos en la próxima década, frente a los casi 10 millones generados en los diez años anteriores.

Al igual que en el caso español, los nuevos empleos se concentrarán en actividades de media y alta cualificación, con 4 millones y 14,8 millones de nuevos puestos de trabajo en la década. En contraste, la UE-27 perderá en diez años 11,9 millones de empleos de baja cualificación.

Concretamente, en la próxima década se destruirán en Europa más de 2,5 millones de empleos en el sector primario, especialmente en la agricultura, y cerca de dos millones en la industria manufacturera. Por el contrario, se espera que se creen cerca de 12 millones de empleos en el sector servicios de mercado, mientras que los servicios públicos elevarán su ocupación aproximadamente en un millón de empleos gracias a educación y sanidad.

Este crecimiento moderado del empleo público en la UE previsto para los próximos diez años responderá sobre todo a que las distintas administraciones reducirán la demanda de trabajadores por las restricciones presupuestarias.

En su informe, el organismo europeo recomienda mirar más allá de las fronteras de Europa porque países competidores, como Brasil, Rusia, India y China, así como otras naciones en desarrollo, están también apuntando a un incremento de su capital humano y de la participación de éste en empleos de alta cualificación. “Europa no tiene margen para la complacencia”, concluye.